La Constitución de 1993 dejó de ser la Constitución de 1993. Hoy, más del 57 % del texto original ha sido cambiado, con más de 110 artículos modificados, añadidos y recortes que han convertido nuestra carta magna en un documento parchado y desordenado. El problema no es solo cuánto se ha cambiado, sino cómo: esos cambios han terminado dándole más poder al Congreso y menos al Ejecutivo, rompiendo el equilibrio que una democracia necesita para funcionar.
Durante estos años, el Parlamento ha ido acumulando herramientas que antes no tenía o que no debía usar de manera tan libre. Un ejemplo claro es la vacancia por “incapacidad moral”, una cláusula ambigua que se ha usado como arma política para sacar presidentes. Otro es la reinterpretación de la cuestión de confianza, que hoy limita la capacidad del Ejecutivo para defender su gestión. Y si a eso le sumamos que el Congreso controla casi por completo el proceso de reforma constitucional, el resultado es evidente: un poder que decide las reglas y que, además, se fiscaliza a sí mismo.
Mientras tanto, el Ejecutivo se ha convertido en un actor frágil, obligado a sobrevivir día a día. Gobiernos que duran meses, gabinetes que no pueden trabajar sin mirar de reojo al Parlamento, y políticas públicas que se rompen o se frenan según el clima político del momento. El país entero vive en un juego de tensión constante donde gobernar es casi un acto heroico.
Todo esto pasa porque la Constitución fue diseñada para un país que ya no existe. El sistema de partidos está fragmentado, el Congreso es volátil y la lucha política se volvió un deporte extremo. Tratar de sostener este escenario con una Constitución parchada es como intentar arreglar un edificio antiguo reforzando solo las paredes: al final, el problema está en los cimientos.
Por eso, seguir parchando artículos no va a solucionar nada. Y pedirle al Congreso que se reforme a sí mismo es absurdo: ningún poder renuncia voluntariamente a las herramientas que le permiten dominar al otro. El desequilibrio actual no se va a corregir con “retoques”, se necesita un rediseño completo y con legitimidad ciudadana.
Ese camino tiene nombre: una Asamblea Constituyente. No una improvisación, no un salto al vacío, no un cheque en blanco. Una Asamblea regulada, con límites claros, elegida de manera transparente, donde se mantengan los derechos fundamentales y se rehaga el sistema de poderes para que ninguno vuelva a aplastar al otro.
No se trata de destruir lo bueno que ya existe. Se trata de construir algo que funcione para el Perú de hoy, no para el de hace tres décadas.
La realidad es simple:
la Constitución cambió, el país cambió, pero el equilibrio democrático se rompió.
Y si queremos un futuro político estable, necesitamos corregir la raíz del problema, no los síntomas.
Una nueva Constitución no es un capricho. Es la única salida responsable cuando la casa está tan parchada que ya no se sostiene sola.
Marcos GY