En diciembre de 2025, pueblos indígenas de Perú, Ecuador y Colombia decidieron coordinarse para defender la Amazonía frente a la minería ilegal, la tala y el narcotráfico. No fue un acto simbólico ni una declaración romántica: fue una decisión forzada por el abandono. Cuando las comunidades se organizan para proteger el territorio es porque el Estado no está, no llega o no quiere llegar. En el Perú, esa ausencia ya no es una percepción: es una realidad sostenida en el tiempo, con consecuencias mortales.
Desde hace más de una década, la Amazonía peruana es terreno liberado para las mafias. La minería ilegal, la tala y el narcotráfico operan con continuidad, mientras la presencia estatal es esporádica y decorativa. Las interdicciones son reactivas, mal planificadas y sin permanencia. Se anuncian operativos, se destruyen algunas dragas y luego el territorio vuelve a quedar en manos de los ilegales. El mensaje es claro: el Estado aparece para la foto y se retira; las mafias se quedan.
Este vacío de poder tiene víctimas con nombre y apellido. En septiembre de 2014 fueron asesinados en Ucayali Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos, líderes ashéninkas que denunciaban tala ilegal en su territorio. En 2020, Jorge Ríos Pérez fue asesinado en Madre de Dios tras alertar sobre actividades ilegales y amenazas constantes. No murieron por casualidad ni por imprudencia: murieron porque defendían el bosque y porque el Estado no los protegió, pese a las denuncias previas, las advertencias y las solicitudes de auxilio.
La Defensoría del Pueblo ha señalado reiteradamente que la Amazonía concentra buena parte de los casos de violencia contra defensores ambientales. Aun así, la respuesta estatal sigue siendo lenta, fragmentada e insuficiente. No hay protección efectiva, no hay inteligencia sostenida, no hay control territorial real. Lo que sí hay es burocracia, trámites interminables y una peligrosa normalización del riesgo. En el Perú, defender la Amazonía sigue siendo una actividad de alto riesgo, y eso no es una falla del sistema: es el resultado de decisiones políticas.
La situación es todavía más grave en las reservas y zonas destinadas a pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Reservas prometidas desde hace años continúan entrampadas en escritorios mientras las economías ilegales avanzan en los alrededores —y en algunos casos dentro— de áreas que deberían tener la máxima protección. Cada año de demora es una concesión directa a las mafias. Cada expediente paralizado es un metro más de selva perdido.
Frente a este abandono, las guardias indígenas han asumido la defensa del territorio. Comunidades que patrullan ríos, controlan accesos y enfrentan amenazas sin armas, sin presupuesto y sin respaldo del Estado. No son un plan alternativo de seguridad: son la evidencia del fracaso del Estado. Que la primera línea de defensa de la Amazonía esté en manos de comunidades desprotegidas no es motivo de orgullo; es una señal de alarma nacional.
El Perú no carece de leyes, diagnósticos ni discursos ambientales. Carece de voluntad política para ejercer soberanía real sobre su Amazonía. El Estado no ocupa el territorio, no protege a quienes lo defienden y no enfrenta con seriedad a las mafias. Luego se sorprende cuando los pueblos indígenas se organizan por su cuenta.
La Amazonía peruana no se está perdiendo sola. Se está perdiendo porque el Estado ha decidido no estar. Y mientras esa ausencia continúe, seguirán cayendo árboles, seguirán avanzando las mafias y seguirán muriendo quienes tuvieron el coraje de defender lo que el poder abandonó.
Marcos GY
