El viernes 12 de diciembre, en la localidad de Zapam, la congresista Sigrid Bazán presentó ante los actores sociales de la cuenca del río Chillón un proyecto de ley orientado a su protección integral. No se trata de una novedad técnica ni de una ocurrencia política: es la respuesta institucional a una demanda que lleva años planteándose desde el territorio, desde la agricultura y desde quienes entienden que sin cuencas sanas no hay agua, ni ciudad, ni futuro.
La cuenca del río Chillón no es un asunto local ni sectorial. Es una infraestructura natural estratégica para Lima Metropolitana. De ella dependen servicios ecosistémicos esenciales: el agua que bebemos, la producción agrícola que abastece mercados, la regulación ambiental y el equilibrio ecológico que hoy se ven seriamente amenazados por el crecimiento desordenado, la informalidad y la ausencia sostenida del Estado.
El proyecto presentado plantea algo tan lógico como urgente: gestionar la cuenca como una sola unidad, no como una suma de distritos desconectados entre sí. Esto implica proteger la cabecera de cuenca, resguardar la actividad agrícola, ordenar el territorio y establecer reglas claras frente a la ocupación informal y las actividades que degradan el ecosistema. No es frenar el desarrollo; es evitar su versión más destructiva.
Que esta iniciativa haya llegado al Parlamento no es menor. En un Congreso donde el debate ambiental suele quedar relegado, la labor de Sigrid Bazán merece ser destacada. No solo por haber impulsado el proyecto de ley, sino por acercar el Congreso al territorio, escuchar a los actores de la cuenca y traducir esas demandas en una propuesta legislativa concreta. Eso es representación política con contenido.
Este proyecto no debería encontrar resistencia ideológica. Proteger una cuenca no es una postura partidaria: es una condición básica para la vida urbana y rural. Lima no puede seguir dándole la espalda a sus ríos como si el agua fuera infinita o como si los costos ambientales no terminaran alcanzándonos a todos. La evidencia es clara: cuando se destruye una cuenca, los impactos llegan primero a los más vulnerables y luego al conjunto de la ciudad.
Hoy la responsabilidad está en manos del Congreso. Si las bancadas hablan de futuro, desarrollo y estabilidad, este proyecto debería recibir un respaldo amplio y transversal. No hacerlo sería seguir postergando una decisión que ya es impostergable.
La protección de la cuenca del río Chillón no es una consigna ni un gesto simbólico. Es una decisión política urgente. Y también una prueba de si somos capaces de pensar el país más allá del corto plazo.
Marcos GY
