La muerte de la deportista Lizeth Marzano no puede diluirse en el ciclo rápido de las noticias. Fue atropellada mientras entrenaba, y el conductor involucrado huyó del lugar. Desde entonces, lo que debería ser un camino firme hacia la justicia ha estado rodeado de versiones contradictorias, sospechas y una creciente indignación ciudadana. No se trata únicamente de un hecho trágico; se trata de una conducta grave que exige responsabilidad. Abandonar a una persona herida en la vía pública no es un descuido menor, es una decisión consciente, y toda decisión tiene consecuencias legales.
La indignación que hoy se siente en la calle no nace solo del dolor por la pérdida de una joven deportista, sino del temor a que el caso termine atrapado en maniobras legales, tecnicismos procesales o posibles redes de protección. Cada vez que un investigado cuenta con recursos, contactos o capacidad de influencia, la ciudadanía percibe que el proceso puede inclinarse. Esa sospecha erosiona profundamente la confianza en el sistema de justicia y en las instituciones encargadas de garantizarla.
Este caso, por tanto, no es únicamente un asunto policial, sino una prueba institucional. La Policía Nacional tiene la obligación de investigar con rigor, preservar cada elemento probatorio y actuar con independencia. El Ministerio Público debe conducir una investigación sólida y diligente, evitando que el paso del tiempo juegue a favor de la impunidad. El Poder Judicial, por su parte, está llamado a garantizar el debido proceso con objetividad, pero también a impedir que la justicia se transforme en un trámite interminable que desgaste la verdad y enfríe la indignación social.
No pueden existir privilegios ni presiones encubiertas. Si hubo intento de encubrimiento, corresponde investigarlo con la misma firmeza que el hecho principal. Si se manipuló evidencia o se intentó obstaculizar la labor fiscal, esas conductas también deben ser sancionadas. Si la fuga fue deliberada, la ley contempla consecuencias claras y deben aplicarse.
La justicia no puede variar según el entorno social del investigado ni depender del poder económico o de las relaciones personales. Si el mensaje que queda es que huir o mover influencias puede reducir responsabilidades, el daño institucional será aún mayor que el propio caso. Lizeth entrenaba; ejercía su derecho a transitar y a practicar deporte sin representar riesgo alguno. El Estado tenía la obligación de protegerla en la vía pública y no lo hizo. Ahora tiene la obligación ineludible de hacer justicia.
El país observa con atención. No se trata solo de castigar a un responsable, sino de demostrar que la ley se aplica con la misma firmeza para todos. Si este caso se maneja con transparencia y rigor, se fortalecerá la confianza ciudadana. Si no, la sensación de impunidad seguirá creciendo, y eso es algo que ninguna democracia puede permitirse.
Marcos GY