Por años, el Perú ha convivido con una estructura política que no solo ha sobrevivido a los cambios de gobierno, sino que se ha adaptado para mantenerse vigente. No se trata únicamente de partidos o de coyunturas electorales; se trata de redes de poder que se consolidaron desde la década de 1990 y que, con el tiempo, han logrado reproducirse en distintas organizaciones políticas, muchas veces con nuevos nombres pero con las mismas prácticas.
El caso más evidente es el del fujimorismo político, cuyo eje central ha sido el partido Fuerza Popular. Desde el gobierno de Alberto Fujimori se instaló una forma de hacer política que combinó concentración de poder, debilitamiento institucional y redes de influencia dentro del Estado. Numerosas investigaciones periodísticas, procesos judiciales y reportajes de investigación han documentado cómo esas estructuras de poder no desaparecieron con el fin del régimen, sino que se mantuvieron operando en distintos espacios de la política y del aparato estatal.
A lo largo de los años, ese núcleo político ha encontrado aliados naturales en otras organizaciones. Entre ellas se encuentran Renovación Popular, heredera política de Solidaridad Nacional vinculada al entorno de Luis Castañeda Lossio, así como Avanza País, agrupación que ha tenido entre sus figuras a personajes históricamente cercanos al fujimorismo, como Julio Gagó. A estas se suma País Para Todos, espacio político en el que participa Carlos Álvarez, quien durante años mantuvo una posición pública alineada con el fujimorismo y enfrentada a sus opositores.
El resultado de esta dinámica es un fenómeno conocido en la política peruana: múltiples candidaturas que, en apariencia, representan opciones distintas, pero que en la práctica convergen en una misma lógica política. Se trata de un sistema que, con variaciones discursivas, termina defendiendo políticas similares y manteniendo intactas estructuras de poder que han sido cuestionadas durante décadas.
Las consecuencias de ese modelo están a la vista. Un Congreso que aprueba normas que debilitan la lucha contra el crimen organizado, beneficios tributarios que reducen recursos para el Estado y una justicia que durante años ha sido golpeada por escándalos como el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Todo ello alimenta una sensación de impunidad y deterioro institucional que impacta directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Por eso, frente a cada proceso electoral, la discusión no debería limitarse a simpatías o campañas publicitarias. Elegir autoridades es también una responsabilidad ciudadana que exige mirar con atención las trayectorias políticas, las alianzas y las propuestas de quienes aspiran a gobernar.
Afortunadamente, el escenario político peruano no se limita a las redes tradicionales de poder que han marcado buena parte de la vida pública en las últimas décadas. También existen alternativas que, desde distintos espacios ideológicos, buscan ofrecer propuestas distintas y renovar el debate político en el país.
En el ámbito de la derecha democrática, aparecen opciones como Unidad Nacional, que presenta como candidato al exministro y general en retiro Roberto Chiabra, con un discurso centrado en fortalecer la institucionalidad del Estado y mejorar la capacidad de gestión pública. En esa misma línea se ubica Libertad Popular, liderada por Rafael Belaúnde Llosa, que plantea reformas orientadas a modernizar el Estado, consolidar la democracia y promover un modelo económico con reglas claras.
En el centro político destacan propuestas que buscan recuperar la política como espacio de equilibrio y acuerdos. Primero La Gente, con la candidatura de Marisol Pérez, plantea una agenda enfocada en la gobernabilidad, la transparencia y la reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones. De manera similar, el Partido del Buen Gobierno, encabezado por Jorge Nieto, propone fortalecer las instituciones democráticas y promover reformas responsables orientadas a mejorar la gestión pública.
Por su parte, dentro de la izquierda democrática también surgen alternativas que plantean cambios dentro del marco institucional. Ahora Nación, con Alfonso López Chau, propone una agenda orientada a fortalecer el rol del Estado, impulsar el desarrollo productivo y reducir las brechas sociales. A su vez, Venceremos, con Ronald Atencio, plantea transformaciones políticas y económicas enfocadas en mayor justicia social, participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia.
Ninguna candidatura es perfecta. La política no funciona en términos de pureza absoluta. Sin embargo, lo que sí es posible —y necesario— es distinguir entre quienes buscan sostener redes de poder que han contribuido al deterioro institucional y quienes, con aciertos y errores, plantean rutas distintas para el país.
El futuro del Perú no depende únicamente de los políticos. Depende, en gran medida, de la capacidad de los ciudadanos para analizar, comparar y decidir con responsabilidad. Porque votar no es solo elegir a alguien para gobernar; es decidir qué tipo de país queremos construir para nosotros, para nuestros hijos y para las próximas generaciones.
Marcos GY