Hay momentos en la historia donde un país decide si aprende de sus errores o si, simplemente, se resigna a repetirlos. El Perú está entrando nuevamente en uno de esos momentos.
Hablar del posible retorno del fujimorismo al poder no es un debate ideológico menor ni una simple disputa electoral. Es discutir seriamente si el país está dispuesto a volver a entregar el control del Estado a un proyecto político que dejó una de las etapas más autoritarias, corruptas y destructivas de nuestra democracia.
Porque conviene decirlo sin maquillaje: el fujimorismo no fue solamente “mano dura contra el terrorismo”, como intenta resumirlo su propaganda. El fujimorismo también fue secuestro de periodistas, compra de congresistas, control de medios, espionaje político, corrupción institucionalizada, manipulación electoral y crímenes de Estado.
Fue el autogolpe del 5 de abril de 1992. Fue el cierre del Congreso y la captura del Poder Judicial. Fue Vladimiro Montesinos repartiendo dinero en sobres a políticos y empresarios mientras el país era gobernado desde las sombras por una mafia enquistada en el aparato estatal.
Fue Barrios Altos y La Cantuta. Fue un grupo paramilitar asesinando civiles bajo la lógica perversa de que cualquier exceso valía si servía para conservar el poder.
Fue también la destrucción ética de la política peruana. Porque el verdadero daño del fujimorismo no terminó cuando cayó Fujimori. El daño más profundo fue instalar en parte de la sociedad la idea de que la democracia es un obstáculo incómodo y que la corrupción puede tolerarse si existe crecimiento económico o “orden”.
Treinta años después seguimos pagando las consecuencias de esa lógica.
Hoy, las señales son demasiado parecidas como para fingir que no existen. El actual Congreso —donde el fujimorismo y sus aliados tienen enorme influencia— lleva años impulsando leyes cuestionadas por debilitar a la Fiscalía, reducir herramientas contra el crimen organizado y proteger intereses políticos antes que ciudadanos.
No es casualidad que fiscales, periodistas y organismos autónomos se hayan convertido nuevamente en objetivos constantes de ataques políticos.
El caso de Delia Espinoza es apenas uno de varios ejemplos recientes de cómo se utiliza el poder legislativo para presionar, desgastar o intentar apartar a autoridades incómodas. Lo preocupante no es solo el hecho aislado, sino el patrón: desacreditar toda institución que no pueda ser controlada.
Eso ya ocurrió en los noventa.
Y cuando un país empieza a normalizar nuevamente el ataque contra fiscales, jueces, prensa y organismos electorales, no está fortaleciendo la democracia. Está preparando el terreno para el autoritarismo.
El problema del fujimorismo nunca fue únicamente Alberto Fujimori. El problema es la cultura política que dejó: la idea de que el poder puede concentrarse, que los derechos humanos son secundarios, que la crítica debe ser silenciada y que las instituciones solo sirven cuando obedecen.
Por eso resulta peligroso escuchar otra vez discursos que justifican excesos “porque el país necesita orden”. América Latina está llena de ejemplos donde ese supuesto orden terminó convirtiéndose en persecución, corrupción y miedo.
Ninguna democracia muere de golpe. Se degrada lentamente. Primero se desacredita a la prensa. Luego a los fiscales. Después al sistema electoral. Más tarde se cambian leyes para garantizar impunidad. Finalmente, cuando la ciudadanía reacciona, las instituciones ya están demasiado debilitadas para defenderse.
Exactamente así empiezan los retrocesos democráticos.
El Perú tiene todo el derecho de exigir seguridad, crecimiento económico y estabilidad. Pero jamás debería aceptar que esas demandas se utilicen como excusa para entregar nuevamente el país a prácticas que ya demostraron ser profundamente dañinas para la democracia.
La memoria no es venganza. La memoria es defensa.
Y un país que olvida demasiado rápido termina condenado a revivir aquello que juró nunca repetir.
Marcos GY
