Durante los últimos años, una de las críticas más persistentes contra el Congreso de la República ha sido el uso de su mayoría parlamentaria para proteger a determinadas autoridades cuestionadas por investigaciones, denuncias o presuntas irregularidades. En el centro de esta controversia aparece Fuerza Popular y los partidos que conformaron sus alianzas legislativas. A través de votaciones registradas oficialmente, archivamientos de denuncias y decisiones adoptadas en comisiones y en el Pleno, estas bancadas fueron acusadas de priorizar intereses políticos antes que el deber de fiscalizar. El término “blindaje” comenzó a utilizarse cada vez con más frecuencia para describir una práctica que, según sus críticos, debilitó la rendición de cuentas en el Estado.
Uno de los casos más recordados ocurrió en septiembre de 2018 con Pedro Chávarry, entonces fiscal de la Nación. Pese a los cuestionamientos derivados de sus vínculos con personajes involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, el Congreso rechazó denuncias constitucionales que buscaban sancionarlo políticamente. La decisión fue respaldada por legisladores de Fuerza Popular y otras agrupaciones afines. Para muchos ciudadanos, aquella votación representó una señal de que el Parlamento estaba dispuesto a proteger a funcionarios cuestionados aun cuando la crisis institucional exigía mayores niveles de transparencia.
Las acusaciones de blindaje continuaron en los años siguientes. Las controversias alrededor de Patricia Benavides, exfiscal de la Nación investigada por presuntas redes de influencia dentro del Ministerio Público, volvieron a colocar al Congreso en el centro del debate político. Diversas decisiones adoptadas por Fuerza Popular y sus aliados fueron interpretadas por amplios sectores como un respaldo político a una funcionaria cuya permanencia y actuación generaban fuertes cuestionamientos públicos. Una vez más, el Parlamento fue acusado de actuar como un espacio de protección para autoridades cercanas a los intereses de la mayoría congresal.
Las acusaciones alcanzaron uno de sus puntos más altos durante el gobierno de Dina Boluarte. Tras las protestas registradas entre diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023, que dejaron decenas de fallecidos y cientos de heridos, diversas denuncias constitucionales e iniciativas de investigación buscaron establecer responsabilidades políticas. Sin embargo, ninguna logró avanzar de manera decisiva en el Congreso. Fuerza Popular y los partidos que conformaban la mayoría parlamentaria se convirtieron en el principal sostén político del gobierno. Mientras la aprobación ciudadana de Boluarte caía a niveles históricamente bajos, el Congreso garantizaba su permanencia en el cargo. La relación entre ambos poderes se consolidó alrededor de una coincidencia de intereses: un Ejecutivo que no confrontaba al Parlamento y un Parlamento que evitaba cualquier escenario que pudiera poner en riesgo esa alianza.
Los casos de Pedro Chávarry, Patricia Benavides y Dina Boluarte terminaron construyendo una misma percepción en amplios sectores de la ciudadanía: que Fuerza Popular y sus aliados utilizaron su mayoría parlamentaria para proteger a autoridades funcionales a su proyecto político. Las votaciones quedaron registradas en actas oficiales y forman parte de la historia reciente del Congreso. Por ello, cuando se habla de blindaje político en el Perú, no se trata únicamente de una consigna de oposición. Se habla de decisiones concretas adoptadas por una mayoría parlamentaria que, una y otra vez, eligió respaldar a personajes cuestionados antes que facilitar investigaciones o asumir costos políticos. Para sus críticos, esa alianza entre el fujimorismo, sus socios parlamentarios y el gobierno de Dina Boluarte representa uno de los ejemplos más claros de cómo el poder puede utilizar las instituciones para protegerse a sí mismo.
Marcos GY
