Una democracia funciona cuando las instituciones públicas mantienen independencia entre sí. El Tribunal Constitucional debe controlar los excesos del poder político, la Defensoría del Pueblo debe proteger los derechos de los ciudadanos, la Junta Nacional de Justicia debe garantizar la independencia del sistema judicial y los organismos autónomos deben actuar sin interferencias partidarias. Sin embargo, durante los últimos años, diversos especialistas, organizaciones civiles y organismos internacionales comenzaron a advertir sobre un fenómeno cada vez más preocupante en el Perú: la progresiva captura de instituciones por parte de la mayoría parlamentaria liderada por Fuerza Popular y sus aliados.
Uno de los primeros focos de controversia fue la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Entre 2022 y 2024, el Congreso logró designar a nuevos integrantes del máximo intérprete de la Constitución mediante procesos que fueron cuestionados por sectores académicos, organizaciones ciudadanas y especialistas en derecho constitucional. Las críticas apuntaban a que la mayoría parlamentaria estaba consolidando influencia sobre una institución llamada precisamente a controlar las decisiones del propio Congreso. Cada nueva designación incrementaba la preocupación sobre la independencia de uno de los principales órganos de control del Estado.
La Defensoría del Pueblo también se convirtió en escenario de fuertes cuestionamientos. En mayo de 2023, el Congreso eligió a Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo gracias a los votos de Fuerza Popular y sus aliados. La decisión fue criticada por diversos sectores debido a sus antecedentes políticos y a la percepción de cercanía con actores vinculados al poder parlamentario. La preocupación aumentó porque la Defensoría tiene un papel decisivo en la designación de integrantes de organismos clave, incluida la Junta Nacional de Justicia. Para los críticos, controlar la Defensoría significaba ampliar la influencia política sobre otras instituciones fundamentales del sistema democrático.
La controversia alcanzó uno de sus puntos más altos con la Junta Nacional de Justicia. Durante 2024 y 2025, el Congreso impulsó investigaciones, acusaciones y procedimientos contra miembros de este organismo encargado de nombrar, ratificar y sancionar jueces y fiscales. Diversas asociaciones de magistrados, organismos internacionales y especialistas advirtieron que estas acciones podían comprometer la independencia del sistema de justicia. El debate dejó de centrarse en personas específicas y pasó a enfocarse en una pregunta más profunda: ¿estaba el Congreso ejerciendo control político sobre instituciones que deberían actuar de manera autónoma?
Por ello, cuando se analiza el poder acumulado por el Congreso durante los últimos años, el debate va mucho más allá de las leyes aprobadas o las votaciones parlamentarias. Para numerosos analistas, Fuerza Popular, su lideresa Keiko Fujimori y los partidos que conforman su bloque político lograron extender su influencia sobre instituciones que históricamente funcionaban como contrapesos del poder. Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y Junta Nacional de Justicia se convirtieron en el centro de una disputa que definirá el futuro de la democracia peruana. Para sus críticos, no se trató únicamente de nombramientos o decisiones administrativas, sino de un proceso sistemático mediante el cual el Congreso fue concentrando cada vez más poder sobre organismos que deberían fiscalizarlo, limitarlo y actuar con independencia frente a los intereses políticos de turno.
Marcos GY
