Durante los últimos cinco años, mientras millones de peruanos enfrentaban el aumento del costo de vida, la crisis económica y el deterioro de los servicios públicos, el Congreso de la República continuó aprobando, defendiendo o impulsando beneficios tributarios para determinados sectores empresariales. La mayoría parlamentaria liderada por Fuerza Popular y sus aliados respaldó diversas iniciativas orientadas a reducir cargas tributarias o mantener regímenes especiales bajo el argumento de promover la inversión privada y la generación de empleo. Sin embargo, economistas, organismos técnicos y especialistas en política fiscal advirtieron que muchas de estas medidas significaban una importante pérdida de recursos para el Estado en un momento donde el país necesitaba mayores niveles de inversión pública.
Uno de los casos más cuestionados fue el intento de reactivar beneficios tributarios para las grandes agroexportadoras mediante la denominada “Ley Chlimper 2.0”. En 2024, la Comisión Agraria del Congreso, presidida por el fujimorista Eduardo Castillo, aprobó un dictamen que proponía reducir nuevamente el Impuesto a la Renta para estas empresas al 15%. El propio Ministerio de Economía y Finanzas advirtió que la medida tendría un costo fiscal estimado de S/ 1,850 millones anuales. Diversos especialistas señalaron además que los principales beneficiarios serían grandes corporaciones agroexportadoras y no la pequeña agricultura familiar, que continúa enfrentando enormes dificultades para acceder a financiamiento, tecnología y mercados.
Las críticas no se limitaron a un solo proyecto. Según estimaciones oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, el gasto tributario proyectado para 2025 alcanzó aproximadamente S/ 24,010 millones, equivalente a más del 2% del Producto Bruto Interno. Ese monto representa recursos que el Estado deja de recaudar debido a exoneraciones, beneficios tributarios, tasas diferenciadas y otros tratamientos especiales. Para dimensionar la cifra, se trata de miles de millones de soles que podrían destinarse a hospitales, colegios, infraestructura vial, sistemas de agua potable o programas de seguridad ciudadana. El debate dejó de centrarse únicamente en aspectos técnicos y comenzó a enfocarse en una pregunta política: ¿a quién beneficia realmente esta pérdida de ingresos fiscales?
La contradicción se volvió más evidente cuando el mismo Congreso impulsó incrementos presupuestales para fortalecer su propia estructura institucional. Mientras el Estado enfrentaba limitaciones para financiar becas estudiantiles, obras públicas y programas sociales, el Parlamento aprobaba mayores recursos para la implementación de la bicameralidad, nuevas plazas administrativas, remodelaciones y ampliaciones internas. Para numerosos ciudadanos, el mensaje era difícil de ignorar: mientras se justificaban beneficios tributarios que reducían la recaudación nacional, también se incrementaban los gastos del aparato político. Esa combinación alimentó la percepción de que las prioridades de la mayoría parlamentaria estaban cada vez más alejadas de las necesidades cotidianas de la población.
Por eso, cuando se analiza el impacto de las decisiones tributarias aprobadas durante los últimos años, la discusión ya no gira únicamente alrededor de porcentajes o balances fiscales. Se trata de entender las consecuencias concretas de dejar de recaudar miles de millones de soles en un país que todavía enfrenta enormes brechas sociales. Mientras grandes sectores económicos continuaron recibiendo beneficios respaldados por el Congreso liderado por Fuerza Popular y sus aliados, millones de peruanos siguieron esperando hospitales mejor equipados, escuelas en mejores condiciones, más seguridad y mayores oportunidades. Las cifras quedaron registradas. Y para los críticos de estas políticas, la conclusión es clara: cuando el Estado renuncia a recaudar recursos en favor de grupos económicamente poderosos, el costo termina siendo asumido por los ciudadanos comunes que dependen de los servicios públicos para mejorar su calidad de vida.
Marcos GY
