Las protestas que estallaron en el Perú tras la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022 dejaron una de las etapas más dolorosas de la historia reciente del país. Las movilizaciones, concentradas principalmente en regiones del sur, terminaron con decenas de fallecidos y cientos de heridos en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Mientras familiares de las víctimas exigían justicia y avanzaban las investigaciones fiscales, el Congreso de la República comenzó a debatir y aprobar normas relacionadas con la actuación de policías y militares que despertaron preocupación entre organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Durante los años siguientes, diversas organizaciones cuestionaron iniciativas legislativas orientadas a ampliar la protección legal para miembros de las fuerzas del orden involucrados en operativos de control del orden interno. Los defensores de estas medidas sostenían que policías y militares necesitaban mayor respaldo jurídico para enfrentar la creciente criminalidad y actuar sin temor a persecuciones injustas. Sin embargo, los críticos advertían que algunas modificaciones podían debilitar los mecanismos de control y dificultar la investigación de eventuales excesos cometidos durante intervenciones estatales.
Las observaciones no provinieron únicamente de organizaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expertos internacionales, instituciones académicas y especialistas en derecho constitucional expresaron preocupación por normas que podían generar espacios de impunidad frente a posibles violaciones de derechos fundamentales. El debate se volvió especialmente sensible debido al contexto en que estas reformas eran discutidas: un país que todavía intentaba esclarecer las responsabilidades por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023.
La mayoría parlamentaria liderada por Fuerza Popular y sus aliados respaldó estas iniciativas argumentando que el Estado debía fortalecer a las fuerzas del orden frente al avance del crimen organizado, la extorsión y la violencia. No obstante, para sus detractores, las reformas respondían también a una lógica política orientada a reducir los riesgos legales que podían enfrentar autoridades y agentes estatales por actuaciones pasadas o futuras. La controversia se profundizó porque las mismas bancadas que defendían estas medidas eran también las principales aliadas del gobierno de Dina Boluarte, cuya gestión enfrentaba investigaciones relacionadas con las muertes registradas durante las protestas.
Por ello, cuando se analiza el debate sobre el uso de la fuerza en los últimos años, la discusión va mucho más allá de la seguridad ciudadana. Se trata de definir cuál debe ser el equilibrio entre la protección de quienes combaten el delito y la garantía de los derechos fundamentales de la población. Para los críticos del Congreso liderado por Fuerza Popular y sus aliados, las reformas aprobadas representaron un retroceso en los mecanismos de control democrático sobre el poder estatal. Mientras las víctimas reclamaban justicia y el país exigía respuestas, el Parlamento optó por fortalecer la protección legal de quienes ejercen la fuerza en nombre del Estado, alimentando un debate que continúa abierto hasta hoy.
Marcos GY
