En sus últimos días de gestión, el Congreso de la República ha vuelto a tomar una decisión que merece una profunda reflexión. La mayoría parlamentaria liderada por Fuerza Popular aprobó una norma que amplía la competencia de la justicia militar-policial para procesar determinados delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante actos de servicio.
Sus defensores sostienen que la medida busca proteger a quienes arriesgan la vida enfrentando a la delincuencia y al terrorismo. Sobre el papel, el argumento parece razonable. Ningún policía o militar debería ser perseguido injustamente por cumplir con su deber. Sin embargo, el problema surge cuando una ley que dice proteger a los buenos efectivos termina generando dudas sobre la capacidad del Estado para investigar y sancionar posibles abusos.
La preocupación no nace de la nada. El Perú tiene una historia marcada por casos en los que la búsqueda de justicia fue obstaculizada precisamente por mecanismos que alejaban las investigaciones del escrutinio independiente de la justicia ordinaria. Por eso, cada vez que se amplían las facultades del fuero militar, la pregunta es inevitable: ¿estamos fortaleciendo la seguridad o estamos debilitando los controles democráticos?
Lo más preocupante es el contexto en que se aprueba esta norma. El país atraviesa una emergencia de seguridad. Las extorsiones se multiplican, el sicariato se expande y el crimen organizado golpea diariamente a miles de familias, transportistas y emprendedores. Sin embargo, mientras los ciudadanos exigen acciones contundentes contra las mafias, el Congreso dedica sus esfuerzos a aprobar leyes que generan controversia y preocupación sobre sus efectos en la administración de justicia.
La responsabilidad política de esta decisión tiene nombres y apellidos. La norma fue aprobada gracias a la mayoría parlamentaria encabezada por Fuerza Popular y sus aliados. No se trata de un hecho aislado, sino de una serie de reformas impulsadas durante los últimos años que han sido cuestionadas por fiscales, especialistas y diversos sectores democráticos por considerar que debilitan la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad.
Resulta paradójico que quienes prometen mano dura contra el delito impulsen medidas que generan dudas sobre la transparencia y el control de los procesos judiciales. Porque la verdadera seguridad no se construye debilitando los mecanismos de supervisión, sino fortaleciendo las instituciones encargadas de impartir justicia.
El Perú necesita policías y militares protegidos cuando cumplen su deber. Pero también necesita garantías de que cualquier exceso, abuso o delito será investigado con independencia y sin privilegios. La ley debe ser igual para todos. Esa es la base de cualquier democracia seria.
Cuando una mayoría política concentra poder y utiliza ese poder para modificar las reglas de control institucional, la ciudadanía tiene la obligación de mantenerse vigilante. Porque la historia demuestra que las libertades no se pierden de un día para otro. Se erosionan poco a poco, ley tras ley, hasta que la impunidad termina disfrazada de seguridad.
Y cuando eso ocurre, quienes pagan el precio no son los políticos. Es el país entero.
Marcos GY
