La coartada política fue tan clara como reveladora. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País impulsaron y votaron esta reforma el 2024. Está documentado: los cuadros de votación y los reportes periodísticos muestran apoyos determinantes de esas bancadas. Hoy, tras el estallido ciudadano, vemos el giro: comunicados que culpan al Ejecutivo por “desnaturalizar” la ley, llamados a “corregir” artículos o, de plano, proyectos para derogarla desde las mismas tiendas que la promovieron. El récord no miente; la amnesia sí.
El malestar estalló en las calles el 13 y 14 de septiembre, cuando miles de ciudadanos protestaron contra la norma. Hubo enfrentamientos y hasta detenidos. Al día siguiente, los mismos partidos que celebraban la aprobación salieron a decir que “no conocían” el reglamento o que “no era lo que habían votado”. Esa justificación suena a burla: si aprobaron la ley, son responsables de sus efectos.
El punto más grave es el desequilibrio entre aportantes y AFP. Cuando una inversión va mal, quien pierde es el trabajador. Su fondo baja, su pensión futura se reduce. En cambio, la AFP siempre gana porque cobra comisiones fijas o sobre el saldo administrado. Así la rentabilidad sea positiva o negativa, la AFP asegura su ingreso. Ese es el corazón del problema: el riesgo es privado para el afiliado, pero la ganancia es segura para la administradora.
La nueva ley y su reglamento no corrigen esa asimetría, la agravan. Se limita el famoso retiro del 95.5%, se imponen condiciones para la pensión mínima de S/600 que excluyen a gran parte de la población informal, y se abre la puerta a aportes obligatorios de independientes, un grupo con ingresos inestables. En resumen: más candados para el trabajador, más seguridad para las AFP.
Los defensores de la norma dicen que busca “sostenibilidad” del sistema. Pero, ¿sostenibilidad para quién? Para el aportante que no podrá retirar su dinero si lo necesita en una emergencia, no. Para el independiente que vive de lo que gana día a día, tampoco. La sostenibilidad que protege esta ley es la de las utilidades de las AFP.
Lo que debería hacerse es lo contrario: atar las comisiones al desempeño real, reconocer la irregularidad de los aportes en un país informal y permitir que los trabajadores tengan poder de decisión sobre su propio dinero. Además, discutir en serio una alternativa pública de pensiones que compita de verdad con las AFP privadas. De lo contrario, seguiremos con el mismo esquema: los aportantes cargan el riesgo, las AFP cobran la ganancia.
Esta no es una batalla técnica ni contable. Es una lucha política y social sobre quién paga los costos de un sistema mal diseñado. Y lo que quedó claro en las protestas es que la gente ya no acepta ser la parte débil de la ecuación. El Congreso tiene dos caminos: o corrige la ley con responsabilidad, o sigue maquillando el problema hasta la próxima crisis. Pero una cosa es segura: los peruanos no olvidarán quiénes votaron a favor y quiénes intentan hoy borrar con excusas su propia votación
Marcos GY
