Los acontecimientos ocurridos en Venezuela tras la incursión militar de Estados Unidos y la captura de su jefe de Estado marcan un punto crítico para el sistema internacional. No por la figura del gobernante involucrado, sino por la ruptura de principios que sostienen la convivencia entre Estados.
Es necesario afirmarlo con precisión: cuestionar esta acción no implica respaldar políticamente a Nicolás Maduro ni absolver a su gobierno de responsabilidades internas o internacionales. El debate es otro y es más profundo. Se trata de preservar las normas que evitan que el uso de la fuerza sustituya al derecho como principio rector del orden internacional.
Según información reportada por medios internacionales, fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación en territorio venezolano que incluyó acciones militares y culminó con la captura del presidente y su traslado a Estados Unidos. De confirmarse plenamente estos hechos, estaríamos ante una vulneración directa del principio de soberanía estatal, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional consuetudinario.
El uso unilateral de la fuerza, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y fuera de un conflicto armado reconocido, erosiona el marco jurídico que protege a todos los Estados, en especial a los más débiles. Ese marco no existe para proteger gobiernos específicos, sino para impedir que las potencias impongan su voluntad mediante la coerción militar.
Los argumentos de derechos humanos y democracia, invocados históricamente por Estados Unidos para justificar intervenciones externas, pierden legitimidad cuando se emplean para avalar acciones que contradicen las normas que dicen defender. El derecho internacional no admite excepciones basadas en afinidades políticas ni en juicios unilaterales sobre la legitimidad de otros gobiernos.
A ello se suma un elemento estratégico imposible de ignorar. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, y el propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha reconocido en múltiples ocasiones la centralidad de ese recurso en la relación con el país. La reiteración pública de ese interés obliga a analizar los hechos con realismo y a descartar lecturas ingenuas.
Este episodio no debe entenderse como un conflicto bilateral aislado. Su impacto es sistémico.
Si se acepta que una potencia puede intervenir militarmente, capturar a un jefe de Estado extranjero y trasladarlo a su territorio sin aval internacional, la soberanía deja de ser una garantía jurídica y pasa a depender del equilibrio de poder. Los tratados se debilitan, las instituciones multilaterales pierden autoridad y el derecho internacional corre el riesgo de convertirse en una herramienta selectiva.
No alzar la voz frente a este precedente no es neutralidad ni pragmatismo.
Es renunciar a las reglas que protegen a todos los Estados, incluso a aquellos que hoy creen estar a salvo.
Este no es un alegato en defensa de un líder. Es una advertencia en defensa del orden internacional.
Porque cuando el derecho deja de ser universal, el próximo puede ser cualquiera.
Marcos GY
