En un país que clama por recuperar la confianza en la política, la revelación de que el partido Fuerza Popular lleva 28 candidatos con sentencias judiciales en sus listas al Congreso no solo genera preocupación: abre una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué tipo de representación política se está proponiendo al país?
Investigaciones periodísticas difundidas en medios nacionales han mostrado que en las hojas de vida de varios postulantes de esta organización política aparecen condenas por distintos delitos, entre ellos omisión de asistencia familiar, lesiones, difamación, corrupción de funcionarios e incluso tentativa de homicidio.
Uno de los casos más graves mencionados es el de Américo Orozco, candidato por Madre de Dios, condenado a seis años de prisión por homicidio calificado en grado de tentativa tras disparar contra un hombre en 2013.
También figura Waldo Martín Valencia Berlanga, quien registra cinco condenas por el delito de lesiones en distintos años.
A ellos se suma Mauricio Arnillas Gonzáles, candidato al Senado por Arequipa, con sentencia por lesiones culposas, así como Javier Castro Cruz, candidato por Lambayeque, con condenas por injuria y difamación.
Legalmente, muchos de estos postulantes pueden participar en una elección si ya cumplieron sus condenas. Pero la discusión no es solo legal. Es ética y política.
El Perú atraviesa una profunda crisis de confianza hacia sus instituciones. En ese contexto, presentar listas con candidatos que arrastran antecedentes judiciales no contribuye precisamente a reconstruir la credibilidad de la política.
El cuestionamiento se vuelve aún más delicado si se recuerda que Fuerza Popular ha sido investigado por el Ministerio Público dentro de un proceso por presunta organización criminal vinculado al financiamiento de campañas electorales, caso que durante años ha marcado la agenda política nacional.
Cuando un partido que enfrenta investigaciones de esa naturaleza presenta además una lista con decenas de candidatos con sentencias, la ciudadanía tiene todo el derecho de preguntarse qué estándares se están aplicando para elegir a quienes aspiran a gobernar el país desde el Congreso.
La política peruana necesita elevar su nivel, no rebajarlo. Necesita líderes con trayectoria limpia, credibilidad y compromiso con el interés público.
Por eso el debate no debe quedarse en la legalidad de las candidaturas. El debate real es otro: qué tipo de Congreso queremos y qué tipo de política estamos dispuestos a tolerar como país. Recordemos que no votar por partidos como Fuerza Popular es castigar a esos políticos que tanto daño nos hacen.
Marcos GY
