Keiko Fujimori inicia su camino en la política en un momento muy delicado. En los años noventa, su madre, Susana Higuchi, denunció torturas y maltratos por parte de su padre, Alberto Fujimori. No era un problema familiar cualquiera, sino una acusación grave desde el entorno del poder. En ese contexto, Keiko decidió ponerse del lado de su padre y, en 1994, asumió el rol de primera dama. Fue una decisión clara en la que priorizó el poder por encima de su madre.
En 2006 llegó al Congreso y se mantuvo hasta 2011. Durante esos cinco años no destacó por su trabajo legislativo. No impulsó grandes leyes ni cambios relevantes para ayudar a los sectores más vulnerables. Además, fue cuestionada por inasistencias y por realizar estudios en el extranjero mientras ejercía como congresista, descuidando su rol y priorizando asuntos personales. Es decir, tuvo el cargo, pero no dejó resultados que mejoraran la vida de la gente.
En 2016 tuvo su mayor oportunidad política. Su partido consiguió mayoría en el Congreso, lo que le permitía impulsar cambios importantes para el país. Sin embargo, no ocurrió. En lugar de soluciones, bajo su liderazgo se generaron enfrentamientos, bloqueos y una crisis política que terminó con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Ese periodo no se recuerda por avances, sino por inestabilidad y conflictos constantes.
Su relación con su hermano, Kenji Fujimori, también refleja tensiones marcadas por intereses políticos. Durante el proceso vinculado al indulto de su padre, Kenji fue grabado en el caso conocido como “Mamanivideos”, lo que derivó en su desafuero del Congreso en 2018. Este episodio evidenció una fuerte disputa interna en la que nuevamente el poder político prevaleció sobre los lazos familiares.
Su situación judicial también genera cuestionamientos. Fue investigada por presunto lavado de activos en el denominado “Caso Cócteles”. En octubre de 2018 cumplió prisión preventiva y en 2020 volvió a prisión por el mismo caso. Posteriormente recuperó su libertad por decisiones judiciales relacionadas con la legalidad de la medida, no por una absolución del fondo del proceso. Además, han surgido menciones sobre presuntos vínculos con la red de corrupción conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, lo que incrementa las dudas sobre su entorno político.
También es discutible el estándar que maneja su partido. En sus listas han figurado candidatos con sentencias judiciales. Ante ello, se ha argumentado que estaban “rehabilitados”. Si bien puede ser legal, no necesariamente cumple con un estándar ético adecuado para representar al país. La política debería exigir más que el mínimo legal.
En temas personales y de valores, su postura también ha sido clara. En 2026 señaló que, incluso en un caso de violación, aconsejaría a sus hijas continuar con el embarazo. Es una posición dura frente a una situación extrema y refleja una visión poco empática ante realidades complejas.
Si se analiza el conjunto, el patrón se repite: decisiones que priorizan el poder, pocos resultados en cargos de responsabilidad, conflictos en momentos de mayoría política y cuestionamientos en el ámbito judicial. No se trata de hechos aislados, sino de una constante.
Por ello, el mensaje es directo: el Perú no necesita más incertidumbre ni más errores. Necesita un liderazgo que ofrezca resultados, no antecedentes que generen dudas. Con lo ya observado, confiar nuevamente en ella no parece una decisión adecuada para el país.
Marcos GY
