Cinco jóvenes muertos. No en un enfrentamiento, no en medio de un ataque, no como daño colateral de una guerra abierta. Muertos, según las propias investigaciones preliminares, sin estar armados ni representar una amenaza. Y aun así, la respuesta oficial se resume en dos palabras que en el Perú ya empiezan a sonar a excusa automática: “legítima defensa”.
Lo ocurrido en Colcabamba no es solo una tragedia. Es una prueba incómoda del tipo de Estado que estamos tolerando: uno que puede equivocarse de forma letal y luego blindarse para no pagar las consecuencias.
Cuando las familias denuncian que no recibieron información clara, que no pudieron acceder de inmediato a los cuerpos, que han tenido que movilizar a sus comunidades para exigir algo tan básico como justicia, el problema deja de ser únicamente el operativo. El problema pasa a ser el sistema completo. Porque la violencia no termina con los disparos; continúa en la indiferencia, en el silencio institucional y en los obstáculos burocráticos que revictimizan.
Y en paralelo, aparece el elemento más preocupante: el marco legal. Normas recientes que amplían la protección a policías y militares en operativos, bajo el argumento de darles respaldo en contextos difíciles, pero que en la práctica pueden convertirse en una puerta abierta a la impunidad. Si el estándar para justificar la fuerza letal se vuelve difuso, entonces el mensaje es claro: disparar puede no tener consecuencias.
No se trata de negar que las fuerzas del orden enfrentan situaciones complejas. Nadie sensato pide que operen con las manos atadas. Pero hay una línea que no puede cruzarse: el uso de la fuerza debe ser proporcional, necesario y justificado. Y cuando no lo es, debe haber sanción. Sin matices.
Porque si el Estado no puede distinguir entre una amenaza real y cinco jóvenes que iban a un campeonato de fútbol, entonces estamos ante un problema gravísimo de preparación, de control o de ambos. Y si, además, ese mismo Estado se protege legalmente para evitar castigos, entonces el problema deja de ser operativo y se convierte en político.
La “legítima defensa” no puede ser un comodín. No puede ser una etiqueta que se pega automáticamente cada vez que hay muertos incómodos. Debe probarse, sostenerse con evidencia y resistir el escrutinio público y judicial. De lo contrario, es solo una coartada.
Este caso exige algo más que investigaciones formales que se diluyen con el tiempo. Exige transparencia real, responsabilidades individuales y un mensaje claro: la vida de los ciudadanos no es negociable, ni siquiera en nombre del orden.
Si este caso termina diluyéndose entre informes, tecnicismos y silencios, no será solo una derrota para las familias: será una señal brutal de que en el Perú matar puede salir gratis cuando quien aprieta el gatillo es el Estado. Y un país que normaliza eso deja de ser un Estado de derecho para convertirse en uno donde la fuerza vale más que la vida. Aquí no hay espacio para tibiezas: o hay justicia real, con responsables sancionados, o lo que queda es impunidad institucionalizada.
Marcos GY
