Durante años nos repitieron que el gran peligro para el Perú era el “terrorismo”, la “izquierda radical” o cualquier opción política que amenazara los intereses de siempre. Pero mientras el país discutía enemigos imaginarios, el verdadero problema crecía frente a nuestros ojos: un grupo político dispuesto a destruir gobiernos, capturar instituciones y arrastrar al país a una crisis permanente con tal de conservar el poder.
Ese grupo tiene nombre: fujimorismo.
La tragedia política que vive el Perú no comenzó ayer. Tiene responsables concretos. Y uno de los momentos más claros ocurrió en 2016. Keiko Fujimori perdió la elección frente a Pedro Pablo Kuczynski por una diferencia mínima. Ambos representaban sectores de derecha y pudieron construir acuerdos para darle estabilidad al país. Pero el fujimorismo eligió otro camino: el sabotaje.
Desde el Congreso, Fuerza Popular convirtió la obstrucción en estrategia política. Interpelaciones constantes, censuras, confrontación permanente y una guerra de desgaste que terminó llevando a la renuncia de PPK. Desde entonces, el Perú entró en una espiral de inestabilidad que no se detuvo más.
El resultado es escandaloso: diez presidentes en diez años si contamos a Mercedes Aráoz y al próximo mandatario que será elegido este año. Ningún país puede crecer, generar confianza o construir futuro viviendo en crisis permanente. Y buena parte de esa crisis tiene como protagonista a un Congreso dominado por el fujimorismo y sus aliados.
Hoy el problema es todavía más grave. El fujimorismo no solo tiene enorme influencia en el Parlamento. También ha logrado colocar cuadros cercanos en instituciones clave, mientras mantiene una relación privilegiada con buena parte de los grandes medios de comunicación. Lo único que les falta es recuperar directamente el Ejecutivo. Y si eso ocurre, tendrían control sobre prácticamente todos los espacios de poder del país.
Eso no es democracia saludable. Eso es concentración de poder.
Y cuando un grupo concentra demasiado poder, la impunidad comienza a crecer.
Ahí están los casos recientes. La persecución política contra personas consideradas incómodas o peligrosas para sus intereses, como Nelly Espinoza, a quien inhabilitaron y hoy intentan sacar de la vida política. Para muchos, esto representa un nuevo ejemplo del uso del poder para silenciar voces incómodas.
O el blindaje político después de que militares acabaran con la vida de jóvenes deportistas, mientras el Congreso bloqueaba intentos de interpelar al ministro responsable. Una vez más, el mensaje parecía ser el mismo: proteger al poder antes que buscar justicia.
El problema del fujimorismo nunca fue solamente Keiko Fujimori como candidata. El problema es una forma de hacer política basada en el control, el blindaje, la confrontación y la captura de instituciones.
Por eso el Perú necesita un contrapeso democrático urgente. No para reemplazar una hegemonía por otra, sino para impedir que un solo grupo político termine controlándolo todo.
Y en ese escenario, la candidatura de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú aparece como una alternativa para equilibrar el poder y romper la lógica que ha llevado al país a vivir entre crisis, vacancias y enfrentamientos permanentes.
Porque el Perú no necesita más odio, más revancha ni más concentración de poder. Necesita equilibrio, democracia y la posibilidad de volver a construir un país donde las instituciones sirvan a la gente y no a los intereses de una sola fuerza política.
La historia ya nos mostró lo peligroso que puede ser el fujimorismo cuando tiene demasiado poder. El problema es que muchos parecen haberlo olvidado.
Marcos GY
