Mientras millones de peruanos viven atrapados entre la extorsión, el sicariato y el miedo, hoy ocurrió un hecho que merece ser recordado. El congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez solicitó formalmente que el Pleno debatiera la derogación de las denominadas leyes procrimen, normas cuestionadas por el Ministerio Público y diversos especialistas por debilitar la lucha contra las organizaciones criminales. Horas después, la sesión del Congreso fue cancelada.
Los hechos hablan por sí solos.
Mientras los transportistas son asesinados por negarse a pagar cupos, mientras pequeños empresarios cierran sus negocios por amenazas y mientras las mafias se expanden por todo el país, Roberto Sánchez exigió que el Congreso asumiera su responsabilidad y discutiera la eliminación de leyes que, según sus críticos, favorecen la impunidad. No pidió privilegios, no pidió beneficios para grupos económicos ni ventajas para sectores políticos. Pidió algo mucho más simple: que el Congreso debata cómo fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
Y el Congreso decidió no hacerlo.
La pregunta es inevitable: ¿por qué tanta resistencia a discutir estas normas? ¿Por qué la mayoría parlamentaria evita abordar un tema que preocupa a millones de peruanos y que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de fiscales, jueces y especialistas en seguridad?
Las llamadas leyes procrimen no aparecieron por casualidad. Fueron impulsadas y respaldadas por la mayoría parlamentaria encabezada por Fuerza Popular y sus aliados. Son parte de una agenda legislativa que ha sido duramente cuestionada por debilitar herramientas de investigación, limitar la persecución de organizaciones criminales y dificultar el trabajo de quienes combaten el crimen desde las instituciones del Estado.
Por eso resulta imposible separar lo ocurrido hoy del contexto político que vive el país. Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y dirigente de Fuerza Popular, encabeza una institución que tenía la oportunidad de debatir la derogación de estas normas cuestionadas por fiscales y especialistas. Sin embargo, la sesión fue cancelada y el tema volvió a quedar fuera de la agenda parlamentaria. El resultado es evidente: las leyes continúan vigentes mientras la ciudadanía sigue esperando respuestas frente a la inseguridad que golpea al país.
Lo que está en juego no es una disputa entre políticos. Lo que está en juego es la tranquilidad de millones de peruanos que cada mañana salen a trabajar sin saber si serán víctimas de una extorsión, un asalto o una bala criminal. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para recuperar el control frente a organizaciones que han convertido el miedo en un negocio.
En medio de este escenario, la posición de Roberto Sánchez marca una diferencia clara. Mientras otros postergan el debate, él ha planteado una decisión concreta: derogar las normas cuestionadas y devolverle al Estado las herramientas necesarias para perseguir a las mafias. Ha decidido colocarse del lado de quienes exigen acción frente a la delincuencia y no del lado de quienes prefieren que todo siga igual.
La segunda vuelta electoral está mostrando con cada vez mayor claridad dos visiones de país. De un lado, quienes consideran que es urgente corregir las normas que han debilitado la lucha contra el crimen organizado. Del otro, quienes han tenido el poder para hacerlo y no lo han hecho. De un lado, quienes exigen respuestas frente a la inseguridad. Del otro, quienes siguen administrando el problema mientras la violencia continúa creciendo.
Los peruanos tienen derecho a exigir explicaciones. Porque cuando la delincuencia avanza y el Congreso evita debatir las leyes que podrían fortalecer su combate, las dudas son inevitables. Y cuando una mayoría parlamentaria se niega siquiera a discutir la derogación de normas tan cuestionadas, la ciudadanía también tiene derecho a preguntarse a quién beneficia realmente esa decisión.
El Perú atraviesa una emergencia de seguridad. Los ciudadanos están cansados de discursos, excusas y postergaciones. Quieren decisiones. Quieren resultados. Quieren autoridades que enfrenten a las mafias y no que les sigan regalando tiempo.
Hoy Roberto Sánchez hizo su parte y puso el debate sobre la mesa. El Congreso, en cambio, decidió retirarla.
Marcos GY
