Lo que estamos presenciando alrededor de Rafael López Aliaga no es solamente una controversia electoral. Es también una discusión sobre el respeto a la Constitución, las instituciones y las reglas que deben cumplir todos los ciudadanos, especialmente quienes aspiran a ejercer cargos públicos.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) finalmente estableció un criterio que debió quedar claro mucho antes de las elecciones: ningún alcalde que ejerció el cargo durante el periodo inmediatamente anterior puede volver a ocuparlo mediante el mecanismo de sucesión, aunque haya postulado como primer regidor. La razón es constitucional: el artículo 194 prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.
Y aquí hay algo que no admite demasiadas vueltas: la Constitución es la norma suprema del país. Ninguna ley, ordenanza municipal o disposición administrativa puede estar por encima de ella. Las normas de menor jerarquía no pueden convertirse en instrumentos para esquivar una prohibición constitucional.
Sin embargo, López Aliaga no parece dispuesto a aceptar el criterio del organismo electoral. En lugar de limitar su discrepancia a los mecanismos legales correspondientes, ha anunciado denuncias contra las autoridades del JNE, ha lanzado acusaciones de corrupción contra su presidente y ha advertido que lo tendrá en la mira del Congreso y del Poder Judicial. Incluso ha anunciado que saldrá a las calles.
¿Desde cuándo discrepar con una resolución electoral autoriza a convertir a las autoridades que la emiten en enemigos personales? ¿No es precisamente el respeto a las instituciones uno de los principios que debe defender cualquier persona que pretende gobernar?
López Aliaga tiene derecho a cuestionar una decisión y acudir a las instancias judiciales que considere pertinentes. Lo que no puede pretender es que su interpretación personal de la ley tenga mayor jerarquía que la Constitución o que las autoridades electorales deban actuar conforme a sus exigencias.
También hay que cuestionar al propio JNE. Su pronunciamiento llega después de las elecciones, cuando las reglas debieron estar suficientemente claras antes de que los ciudadanos acudieran a votar. Esa tardanza genera incertidumbre y abre legítimas preguntas sobre la responsabilidad de quienes administran nuestro sistema electoral.
Pero hay algo todavía más importante: este criterio no puede aplicarse solamente a López Aliaga. Debe alcanzar a todos los alcaldes del país que hayan intentado utilizar mecanismos de sucesión para continuar en el cargo. La ley no puede tener excepciones por apellidos, partidos políticos ni cantidad de votos.
La voluntad popular merece respeto, pero votar no significa otorgar poderes ilimitados ni autorizar a nadie a desconocer las reglas constitucionales. La democracia también exige alternancia, límites al poder y respeto a las instituciones.
López Aliaga no será alcalde bajo el criterio establecido por el JNE. Y ningún político debería creerse con más autoridad que la Constitución.
El Perú no necesita autoridades que interpreten las leyes según sus conveniencias. Necesita instituciones que hagan respetar las reglas y políticos que entiendan que el poder público no es una propiedad personal.
