El Perú vive una de sus peores crisis de seguridad en décadas. Las extorsiones se multiplican, los asesinatos se normalizan y el miedo se ha convertido en parte de la rutina. Pero más grave aún que el crimen es la incapacidad —y el descaro— de nuestras principales autoridades. Las declaraciones recientes de la presidenta Dina Boluarte, del ministro del Interior Carlos Malaver y del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, no solo son torpes: son una falta de respeto al pueblo que dicen proteger.
La presidenta y su receta inútil
“No contesten llamadas ni mensajes de números desconocidos.”
Con esa frase, la presidenta Dina Boluarte pretendió dar un consejo de seguridad nacional. Una respuesta que indigna por su simpleza. ¿Esa es la estrategia de Estado ante el crimen organizado? Las mafias no se frenan ignorando el teléfono. Se frenan con inteligencia, presencia policial, investigación, y decisión política.
Con esa declaración, Boluarte no solo demuestra desconexión con la realidad: revela impotencia. Mientras los peruanos viven aterrados, ella reduce el drama a una recomendación doméstica. Es el gobierno lavándose las manos y diciéndole a la gente: “sálvese quien pueda”.
El ministro y la confusión total
En lugar de corregirla, el ministro del Interior, Carlos Malaver, la respaldó diciendo:
“De teléfonos desconocidos, no contesten, porque pueden vaciarles las cuentas.”
Una frase que muestra ignorancia y ligereza. El ministro confunde extorsión con estafa virtual. No entiende que el problema no está en las llamadas, sino en las bandas criminales que cobran cupos, controlan rutas y disparan a quienes se resisten.
Un ministro del Interior que no diferencia una amenaza de muerte de un fraude digital no está preparado para su cargo. Su deber no es dar consejos básicos, sino ofrecer resultados: capturas, operativos, inteligencia. En vez de eso, repite el discurso vacío de Palacio.
El comandante y la resignación
Como si faltara algo, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, completó el triste espectáculo al declarar:
“Todos vamos a morir en algún momento, por favor.”
En boca de quien dirige la Policía Nacional, esa frase no es una reflexión: es una rendición. Un jefe policial que habla así transmite derrota, no autoridad. En un país que llora muertos todos los días, ese comentario es inaceptable. La población necesita firmeza, no fatalismo. Esperanza, no resignación.
El reflejo de un Estado perdido
Tres frases, tres señales de lo mismo: un Estado que ya no sabe qué hacer, ni cómo decirlo. Un gobierno que habla sin pensar y que cada vez que abre la boca genera más indignación que confianza. Mientras tanto, los peruanos siguen solos frente al crimen, pagando seguridad privada, cambiando rutas, viviendo con miedo.
El Perú no necesita consejos vacíos. Necesita liderazgo, empatía y acción. Necesita que sus autoridades dejen de hablar como si estuvieran en una conversación de pasillo y empiecen a comportarse como lo que se supone que son: representantes de un Estado que aún puede —y debe— proteger la vida de su gente.
Las palabras importan. Y cuando las palabras del poder son absurdas, crueles o resignadas, el mensaje que recibe el país es claro: el gobierno ha dejado de escuchar, de entender y de gobernar.
MarcosGY
