En el Perú, la política dejó de escuchar. Cuando el poder responde con silencio, con impunidad o con balas, la gente deja de creer en las instituciones y actúa desde la rabia. En los últimos años, decenas de civiles murieron durante la represión a las protestas. Esas muertes aún exigen verdad y sanción. Diversas organizaciones internacionales han pedido investigar la cadena de mando y determinar responsabilidades penales, pero las respuestas del Estado siguen siendo evasivas.
Phillip Butters llegó como figura mediática y se fue como símbolo del rechazo popular. Fue abucheado y atacado simbólicamente por ciudadanos que no toleran el lenguaje que deshumaniza. Llamar “terroristas” a los manifestantes en un país marcado por el estigma del terruqueo no es una simple opinión: es gasolina sobre la herida. Por eso no sorprende que, en Juliaca y otras ciudades, le arrojaran huevos, frutas podridas o piedras. Son expresiones de rechazo ante quien, desde un micrófono, normaliza la violencia contra su propio pueblo.
Comprender por qué la gente arroja huevos no es justificar matar ni aplaudir linchamientos. Es, en cambio, reconocer un proceso social y psicológico bien conocido: la humillación prolongada, la sensación de impunidad y la deshumanización generan respuestas colectivas de carácter simbólico. Arrojar huevos es una forma de protesta expresiva, un gesto de rechazo visible y ruidoso que responde a agravios reales. No es, ni de lejos, el mismo acto moral o político que disparar contra manifestantes.
La historia y la teoría política ayudan a entender, no a excusar. Amnistía Internacional y la FIDH han documentado indicios claros sobre la responsabilidad de mandos y autoridades en las muertes ocurridas durante la represión de 2022 y 2023. Esos crímenes no tienen justificación posible y demandan castigo efectivo. Cuando el Estado blinda a sus agentes o frena las investigaciones, destruye la confianza pública y empuja a la población a formas de protesta más directas. Esa es la dura realidad que vivimos.
Hay que separar las cosas y decirlas sin rodeos. Primero, la indignación social y sus expresiones simbólicas —abucheos, huevos, carteles— merecen comprensión, no desprecio moral. Segundo, los crímenes de Estado —muertes, torturas, ejecuciones extrajudiciales— son delitos que deben juzgarse sin relativismo. Tercero, el discurso público tiene peso. Quienes desde los medios o la política piden represión o deshumanizan al adversario están echando más fuego sobre la herida del país.
No podemos normalizar la violencia estatal ni reducir la respuesta ciudadana a “vandalismo” sin mirar sus causas. Pero tampoco podemos sostener que toda forma de ira sea una solución política. Lo que el país necesita es justicia real y un tejido social que no se rompa del todo. Cuestionar la injuria mediática, sancionar la impunidad y escuchar a los indignados son pasos básicos para no repetir la historia.
Se comprende la indignación y las formas en que se expresa, desde los abucheos hasta los huevos lanzados, cuando el Estado falla. Pero la sangre derramada por los compatriotas que salieron a protestar no tiene perdón ni olvido. Son crímenes que exigen investigación, sanción y reparación. Los responsables deben pagar. Comprender a quien lanzó un huevo es el primer paso para que la democracia deje de fallarle a su propia gente. Negarlo sería otra forma de violencia.
MarcosGY
