La vacancia de Dina Boluarte no es una victoria democrática. Es la maniobra desesperada de un Congreso que, hasta hace poco, era su socio político. Los mismos partidos que la blindaron, que justificaron su permanencia pese a los escándalos y la represión, hoy la señalan con el dedo para fingir distancia y moralidad. Pero el país tiene memoria: Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso fueron los pilares de su permanencia. Y hoy, tras su caída, siguen gobernando.
Durante más de un año, el Congreso y el Ejecutivo fueron dos caras del mismo proyecto: mantenerse en el poder a cualquier costo. Dina Boluarte sobrevivió gracias a pactos subterráneos, repartos de cuotas y votos negociados en cada sesión. No hubo control político, hubo complicidad. No hubo fiscalización, hubo cálculo. Y cuando el desgaste fue irreversible, sus aliados decidieron sacrificarla para salvar lo único que les importa: las próximas elecciones.
Fuerza Popular fue el sostén más visible del régimen. Mientras Dina acumulaba denuncias por corrupción y desplomaba su popularidad, la bancada fujimorista le ofrecía estabilidad parlamentaria a cambio de cuotas y beneficios. Renovación Popular, por su parte, jugó a la doble moral: criticaba desde los micrófonos, pero se beneficiaba de los acuerdos que mantenían el equilibrio interno. Avanza País y Alianza para el Progreso, con su discurso tibio de “centro”, fueron el lubricante perfecto de ese engranaje de poder.
Cuando la crisis ya no se pudo maquillar, los mismos que la sostuvieron se presentaron como jueces. La vacancia no fue un acto de justicia: fue una operación de maquillaje político. Los votos que la destituyeron fueron los mismos que durante meses blindaron su gestión. No hubo una purga del sistema, sino una rotación entre cómplices.
Dina Boluarte se va, pero el poder real sigue donde siempre estuvo: en el Congreso. Ese Parlamento, que se vendió como defensor de la institucionalidad, hoy gobierna sin contrapeso. Los mismos congresistas que justificaron los muertos de las protestas, los que aprobaron leyes a medida y los que negociaron ministerios a escondidas, hoy deciden el rumbo del país. Y lo hacen con una legitimidad nula y una desconexión total de la ciudadanía.
Mientras tanto, los partidos tradicionales ya reescriben su relato. Se presentan como los guardianes de la moral pública, cuando fueron arquitectos del desastre. Pretenden convencer al país de que con la salida de Dina todo cambia, cuando en realidad todo sigue igual: las mismas manos que firmaron su salvación son las que hoy administran su caída.
La vacancia no fue un final, fue una transferencia. Dina fue el rostro de un régimen que los partidos diseñaron y sostuvieron. Hoy, caída ella, el sistema sigue intacto, blindado y operativo. El Perú no necesita más sacrificios políticos: necesita desmontar el pacto de impunidad que mantiene al poder girando sobre los mismos nombres, los mismos intereses y la misma hipocresía.
Mientras eso no ocurra, las vacancias solo serán actos teatrales para distraer al público, mientras los verdaderos responsables siguen sentados —en sus curules— gobernando desde las sombras del cadáver político de Dina Boluarte.
MarcosGY
