José Enrique Jerí Oré no llega al poder por mérito ni mandato popular. Llega por la puerta lateral de la política peruana: la vacancia de Dina Boluarte, una destitución más en la larga saga de presidentes que caen mientras el Congreso sigue en pie. Hoy Jerí ocupa Palacio, pero el verdadero poder continúa en el Parlamento. Es el mismo Congreso que sostuvo a Boluarte, que blindó su gestión y que ahora, sin pudor, se instala como dueño absoluto del Estado.
La llegada de Jerí está lejos de ser una renovación. Su prontuario político es una réplica exacta de la podredumbre que dice reemplazar: denuncias de violación, enriquecimiento ilícito, desobediencia judicial y presunta corrupción. No hablamos de sospechas mediáticas, sino de procesos formales registrados en la Fiscalía y difundidos por medios nacionales. Aunque algunos casos fueron archivados —como la denuncia por violación sexual—, el olor a impunidad persiste, sobre todo cuando su propio partido, Somos Perú, lo suspendió mientras duren las investigaciones.
El Congreso sabía todo eso cuando lo eligió. Lo sabía y aun así lo colocó en la línea de sucesión. No fue una casualidad: fue un movimiento calculado. Jerí no representa al pueblo; representa el pacto de supervivencia de un Legislativo que teme las urnas. Un Congreso que derrocó a Dina cuando ya no le servía, pero que no cambia ni un rostro del poder que ella heredó. La vacancia fue solo un relevo de ficha dentro del mismo tablero.
Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso —los mismos que blindaron a Dina hasta el último día— hoy se presentan como defensores de la moral pública. Hablan de “transición” y “reconciliación nacional”, mientras reparten ministerios y consolidan el control del Ejecutivo. El discurso de cambio es pura cosmética: los cómplices de ayer gobiernan hoy desde el doble trono del Congreso y Palacio.
La asunción de Jerí, con su historial judicial y su débil legitimidad, solo profundiza la crisis de confianza. No hay presidente sin pasado, ni transición sin ruptura. Lo que el Perú vive no es un nuevo gobierno: es la misma alianza de impunidad, ahora con un rostro distinto.
El pueblo no votó por Jerí. Y si algo demuestra esta nueva etapa, es que el Congreso ha dejado de ser fiscalizador para convertirse en gobierno. La separación de poderes, piedra angular de cualquier democracia, ha muerto de inanición bajo un sistema que solo cambia nombres para mantener privilegios.
La pregunta ya no es cuánto durará este nuevo presidente, sino cuánto más resistirá la sociedad peruana este ciclo de simulaciones. El país no necesita otro interino con discurso de unidad: necesita desmontar el poder enquistado que, desde hace años, gobierna desde el Congreso, sin urnas, sin legitimidad y sin vergüenza.
Porque Dina cayó, pero el régimen sigue intacto. Y hoy, el Perú tiene un presidente investigado, pero un Congreso impune que gobierna desde las sombras del Palacio.
MarcosGY
