Perú atraviesa una crisis de seguridad que ya no admite demoras. Según cifras oficiales del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), al cumplirse mil días del gobierno de Dina Boluarte, desde el 7 de diciembre de 2022, se han registrado 5.174 homicidios. Solo en agosto de 2025 se reportaron 205 asesinatos, lo que confirma que la violencia sigue en aumento (Infobae).
En paralelo, el Estado ha sido cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos por aprobar leyes que favorecen la impunidad. En agosto de 2025 se promulgó una norma que otorga “amnistía humanitaria” a personas mayores de 70 años condenadas o en proceso por crímenes de lesa humanidad. Esta medida impacta en al menos 156 casos con sentencia firme, lo que fue criticado por Amnistía Internacional. Además, un informe de Human Rights Watch reveló que más de la mitad de los congresistas enfrentan investigaciones por corrupción u otros delitos, y alertó que el Parlamento ha aprobado cambios al Código Penal que debilitan la lucha contra el crimen organizado: se excluyen delitos de corrupción de esa categoría, se limita la colaboración eficaz y se dificultan allanamientos contra investigados.
Respecto a las protestas, un recuento de La República y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sitúa en 49 los civiles asesinados entre diciembre de 2022 y febrero de 2023: 47 por proyectiles de arma de fuego y 2 por bombas lacrimógenas. La Fiscalía, por su parte, ha denunciado a Dina Boluarte y a seis exministros por lesiones leves y graves contra 75 manifestantes durante ese mismo periodo (El País).
Qué pide la ciudadanía
El pueblo reclama una lucha real contra la criminalidad que mata emprendedores, cobra cupos y siembra miedo en barrios y mercados. Exige que las bandas criminales no sean amparadas por leyes débiles ni por instituciones incapaces de enfrentarlas. También pide un combate firme contra la corrupción institucional, con sanciones ejemplares y transparencia total. Y demanda respeto a los derechos humanos: que la protesta no sea respondida con violencia ni represión.
El rol del Congreso
El Congreso, con mayoría de partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, es señalado como parte del problema. Estas bancadas han respaldado leyes que debilitan mecanismos de rendición de cuentas, han frenado investigaciones por corrupción y han aprobado normas que, según HRW y Amnistía Internacional, favorecen la impunidad.
Un ejemplo es la ley sobre “criminalidad sistemática”, que establece cadena perpetua para delitos como extorsión, sicariato o secuestro. Aunque en teoría suena firme, especialistas temen que no se aplique con rigor a los verdaderos responsables y que deje intacta la corrupción en las altas esferas. Otro caso polémico es la “amnistía humanitaria”, que beneficia a responsables de graves violaciones de derechos humanos solo por la edad, lo que, de acuerdo con Amnistía, institucionaliza la impunidad.
Balance y exigencia
El paro de hoy no es solo una medida de fuerza: es la respuesta de un país cansado de la inseguridad, la corrupción y las leyes hechas para unos pocos. Es una exigencia colectiva por los muertos, por la justicia postergada, por la dignidad robada.
La ciudadanía pide respuestas claras y urgentes: investigaciones independientes, sanciones reales a quienes abusan del poder, protección efectiva para quienes trabajan, transparencia absoluta, y que ningún interés político tape con discursos vacíos el sufrimiento de un pueblo que ya no tolera más.
Protestas en el mundo: un eco que resuena
En Nepal, a inicios de septiembre, miles de jóvenes salieron a las calles tras la decisión del gobierno de bloquear 26 redes sociales, incluidas Facebook, WhatsApp, YouTube y X. La represión fue violenta: al menos 19 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. El escándalo obligó a la renuncia del primer ministro, a levantar la censura y a convocar elecciones anticipadas para 2026.
En Indonesia, pocos días después, la indignación creció cuando un repartidor de 21 años murió atropellado por un vehículo policial durante una manifestación en Yakarta. El hecho desató marchas en varias ciudades, donde miles de personas exigieron justicia, denunciaron la impunidad policial y protestaron contra la desigualdad social y el encarecimiento de la vida. La presión obligó al presidente Prabowo Subianto a realizar cambios en su gabinete.
En Francia, el 10 de septiembre, el movimiento Bloquons Tout (“Bloqueemos todo”) protagonizó protestas masivas contra las políticas de austeridad y el alto costo de vida. Hubo cientos de arrestos y enfrentamientos con la policía en París, Lyon y otras ciudades. La movilización recordó a los “chalecos amarillos” y puso en evidencia la creciente brecha entre la ciudadanía y el gobierno de Emmanuel Macron.
