Desde hace semanas, pero con fuerza renovada, jóvenes de la llamada Generación Z han decidido tomar las calles este 20 y 21 de septiembre, desbordados por la reforma de pensiones conocida como la Ley 32123, que beneficia a las AFP según ellos, y por una lista larga de agravios: corrupción, inseguridad ciudadana, abuso de poder, falta de representación. La manifestación es convocada principalmente desde Lima, pero se está extendiendo hacia provincias.
Organizaciones ciudadanas como Voz Ciudadana, Colectivo Jóvenes Líderes para el Perú, KeikoNoVa se han sumado a la convocatoria. Se habla también del SUTEP y de gremios y colectivos independientes. Autoconvocados, estudiantes, influencers, streamers, organizaciones vecinales participan. En Huancayo, el Comando Unitario de Lucha de Junín hizo su propio llamado a manifestarse en la Plaza de la Constitución. En Lima, el punto de partida será la Plaza San Martín a partir de las 5:00 p.m. en ambos días.
Las exigencias van más allá de la reforma previsional: piden la derogatoria de la Ley 32123, pero también medidas reales contra la corrupción, que se atienda el tema de la inseguridad que afecta tanto a ciudades como a distritos periféricos, que haya transparencia real en la gestión pública, y que los poderes —Gobierno y Congreso— respondan por omisiones e intereses que los jóvenes perciben como privilegios de las élites.
Hay algo de insumo simbólico en las protestas: banderas de “One Piece”, símbolos de resistencia, hashtags, convocatorias digitales que no dependen de partidos políticos tradicionales. Esa informalidad también revela algo profundo: los jóvenes ya no se identifican con la política establecida. Se organizan en redes, en grupos de WhatsApp, en TikTok, en Discord, y salen con esa herramienta de comunicación al frente.
El riesgo está en la respuesta del Estado: ya hubo reportes de gases lacrimógenos, de enfrentamientos en manifestaciones previas, de detenciones arbitrarias. Si las autoridades responden con mano dura, ignorancia o criminalización, la chispa puede volverse fuego. Este fin de semana será una prueba para el Gobierno de Dina Boluarte y para el Congreso: ¿escucharán, cambiarán, dialogarán? ¿O responderán como hasta ahora, con discursos y promesas vacías?
No es exageración decir que esta movilización juvenil puede marcar un punto de quiebre. No solo en pensiones, sino en la legitimidad del poder. Porque cuando los jóvenes sienten que no tienen futuro, que sus derechos son recortados, que sus denuncias no tienen eco, se levantan las voces. Y quienes gobiernan deberían temerlo si siguen desconectados, protegiendo intereses privados, blindando a grupos corruptos, y subestimando tanto dolor acumulado.
