En noviembre de 2025, mientras miles de estudiantes de todo el país esperaban acceder a programas como Beca 18 y Beca Presidente de la República, una controversia comenzó a dominar el debate sobre el Presupuesto General de la República para 2026. Diversos informes advirtieron que el financiamiento aprobado no alcanzaba para cubrir la totalidad de las becas anunciadas por el Gobierno. Según las observaciones realizadas durante la discusión presupuestal, miles de jóvenes quedaron en incertidumbre debido a la falta de recursos suficientes para garantizar todas las vacantes prometidas por Pronabec. Para miles de familias peruanas, la educación superior volvía a depender no del esfuerzo académico, sino de la disponibilidad presupuestal.
La situación generó especial preocupación porque meses antes el propio Gobierno había anunciado una expansión de los programas de becas. La presidenta Dina Boluarte aseguró públicamente que se ampliaría el alcance de Beca 18 y que el número de beneficiarios seguiría creciendo durante el año 2026. Sin embargo, conforme avanzó el debate presupuestal, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre la viabilidad financiera de esos anuncios. Instituciones vinculadas al sector educativo advirtieron que los recursos aprobados no garantizaban plenamente el cumplimiento de las metas anunciadas, abriendo un escenario de incertidumbre para miles de jóvenes de escasos recursos que aspiraban a ingresar a universidades e institutos superiores.
La polémica aumentó cuando se conocieron los montos asignados al propio Congreso de la República. La Mesa Directiva presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi impulsó para 2026 un presupuesto de aproximadamente S/ 1,768 millones, alrededor de S/ 356 millones más que el ejercicio anterior. El incremento fue sustentado en la implementación de la bicameralidad, la contratación de nuevo personal, adecuaciones administrativas, mejoras de infraestructura y modificaciones en las instalaciones parlamentarias. Mientras se discutía la falta de recursos para miles de becarios, el Congreso aprobaba uno de los mayores incrementos presupuestales de su historia reciente para fortalecer su propia estructura institucional.
Las críticas apuntaron directamente a Fuerza Popular y a los partidos que integraban la mayoría parlamentaria, quienes tuvieron un papel decisivo en la aprobación del presupuesto nacional. Para numerosos sectores estudiantiles, organizaciones civiles y analistas políticos, la discusión dejó en evidencia una preocupante escala de prioridades. Mientras miles de jóvenes buscaban una oportunidad para acceder a la educación superior, la mayoría congresal destinaba cientos de millones de soles adicionales al funcionamiento del Parlamento. La controversia no se centró únicamente en las cifras, sino en el mensaje político que transmitía la distribución de recursos públicos en un país donde la desigualdad educativa sigue siendo una de las principales barreras para el desarrollo.
Por eso, cuando se recuerda la discusión presupuestal de 2025 y 2026, muchos la identifican como el momento en que el Congreso encontró S/ 356 millones adicionales para ampliar su propia estructura institucional, pero no garantizó plenamente el financiamiento de miles de becas destinadas a jóvenes de escasos recursos. Las cifras, las votaciones y los documentos quedaron registrados. Esa contradicción terminó convirtiéndose en uno de los episodios más cuestionados del debate presupuestal y reforzó la percepción de que las prioridades de la mayoría parlamentaria estaban más orientadas al fortalecimiento del aparato político que a asegurar oportunidades educativas para miles de estudiantes peruanos.
Marcos GY
