En el Perú, la misma palabra no vale lo mismo según quién la diga. Cuando ciudadanos —muchas veces desde regiones— hablan de levantarse contra un sistema que sienten injusto, el reflejo es inmediato: “terroristas”, “terrucos”. No se discute la demanda, se desacredita al mensajero. Así se evita el debate y se instala el miedo como respuesta.
Pero cuando el llamado viene desde el poder, el trato cambia. Se suaviza el lenguaje, se relativiza el mensaje, se habla de “defensa de la democracia”. Lo que en boca de un ciudadano común sería escándalo, en boca de una figura influyente se convierte en opinión. La vara no es la misma, y eso ya no es casualidad.
El caso de Rafael López Aliaga lo vuelve a poner sobre la mesa. Ante un escenario adverso, su discurso escala y abre la puerta a tensionar el orden democrático. Lo que debería generar rechazo transversal, termina siendo tolerado o justificado por sectores que antes exigían mano dura.
Esta doble moral no es solo incoherente, es peligrosa. Porque establece que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría frente a los mismos actos. Unos son criminalizados por protestar; otros son protegidos por su posición. Eso no es democracia: es conveniencia.
Y ahí empieza la fractura. Son los propios líderes de opinión del sistema —políticos, comentaristas, voceros— los que alimentan la división. Al etiquetar, exagerar o callar según convenga, agrandan la brecha entre peruanos. No unen: separan. No explican: polarizan.
El resultado es un país cada vez más desconfiado y enfrentado. Si el mismo acto se mide distinto según quién lo haga, las reglas pierden valor. O hay una sola línea para todos, o lo que queda no es democracia, sino un sistema donde el poder decide qué es aceptable y qué no.
Marcos GY
