Un menor de 17 años murió dentro de una comisaría mientras estaba bajo custodia del Estado. Hoy su familia exige respuestas. La Fiscalía investiga lo ocurrido. Y millones de peruanos observan con preocupación un caso que podría convertirse en una nueva prueba para la justicia peruana.
Pero el caso Manchay no solo nos obliga a preguntarnos qué pasó dentro de una dependencia policial. También nos obliga a preguntarnos qué herramientas tendrá esa familia si decide enfrentar al Estado para buscar justicia.
La pregunta es importante porque, mientras el país exige esclarecer la muerte del adolescente, el Congreso controlado por Fuerza Popular y sus aliados ha aprobado leyes que cambian las reglas cuando un ciudadano debe reclamar responsabilidades al propio Estado.
Primero se aprobó una norma que restringe el apoyo que históricamente han brindado organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos a ciudadanos que mantienen procesos judiciales contra el Estado peruano. Durante años, muchas familias de escasos recursos encontraron en estas instituciones asesoría legal, acompañamiento técnico y apoyo para enfrentar procesos que podían durar años.
Después se impulsó una reforma que fortalece la participación de la justicia militar-policial en determinados casos vinculados a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sus promotores sostienen que busca proteger a quienes combaten la delincuencia y el terrorismo. Sin embargo, cuando existen denuncias contra agentes del propio Estado, la independencia de las investigaciones debería estar fuera de toda discusión.
Por eso el caso Manchay resulta tan relevante.
Porque estamos hablando de una familia que busca respuestas sobre la muerte de un hijo mientras se encontraba bajo responsabilidad estatal. Y al mismo tiempo estamos hablando de un Congreso que ha decidido reducir algunos de los contrapesos que históricamente han permitido a los ciudadanos defenderse frente al poder.
Cuando un ciudadano acusa al Estado, la justicia debería acercarse a la víctima, no alejarse de ella.
Nadie puede afirmar hoy cuál será el resultado de la investigación. Tampoco corresponde adelantar responsabilidades. Pero sí corresponde analizar las decisiones políticas que se están tomando desde el Congreso.
La secuencia resulta imposible de ignorar. Primero se limita el apoyo que pueden brindar organizaciones que acompañan a las víctimas. Luego se fortalecen jurisdicciones especiales para determinados agentes estatales. Y finalmente se pide a la ciudadanía que confíe en que el sistema funcionará sin problemas.
La confianza no se decreta. La confianza se construye.
Se construye con transparencia. Se construye con investigaciones independientes. Se construye garantizando que las víctimas tengan herramientas para defender sus derechos, especialmente cuando deben enfrentarse a instituciones mucho más poderosas que ellas.
La democracia se pone a prueba cuando una familia humilde tiene que enfrentarse al poder. Las leyes no se aprueban para un solo caso. Se aprueban para millones de peruanos. Hoy la familia que busca respuestas es la de Manchay. Mañana podría ser cualquier otra.
Y cuando llegue ese día, los ciudadanos tendrán derecho a preguntarse si las leyes aprobadas por la mayoría parlamentaria encabezada por el fujimorismo y sus aliados fueron diseñadas para proteger a las víctimas o para proteger al poder.
Marcos GY
