La Constitución de 1993 nació en uno de los momentos más controvertidos de la historia republicana. Fue elaborada tras el autogolpe de Alberto Fujimori y posteriormente aprobada mediante referéndum. Desde entonces, se consolidó una idea básica dentro de cualquier democracia: si la ciudadanía fue convocada para aprobar las reglas fundamentales del Estado, los cambios más profundos a esas reglas deberían contar también con la participación ciudadana. Sin embargo, durante los últimos años, el Congreso de la República emprendió una serie de reformas constitucionales que alteraron aspectos esenciales de la Carta Magna sin recurrir a una nueva consulta popular.
Entre 2021 y 2026, el Parlamento aprobó modificaciones que transformaron instituciones clave del sistema político peruano. La más emblemática fue el retorno de la bicameralidad. En 2018, la ciudadanía rechazó esa propuesta mediante referéndum convocado durante el gobierno de Martín Vizcarra. Pese a ello, años después el Congreso volvió a impulsar la reforma y logró aprobarla utilizando los mecanismos parlamentarios previstos en la propia Constitución. Para sus defensores, se trató de corregir errores del sistema político. Para sus críticos, fue una forma de revertir una decisión que los ciudadanos ya habían tomado en las urnas.
Las reformas tampoco se limitaron a la bicameralidad. Durante este periodo se aprobaron modificaciones relacionadas con el sistema electoral, el equilibrio entre poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos y diversas reglas de funcionamiento institucional. Juristas y especialistas comenzaron a advertir que la acumulación de cambios era tan amplia que la Constitución vigente ya se alejaba significativamente del texto que los peruanos aprobaron en 1993. La discusión dejó de ser jurídica para convertirse en una cuestión política de fondo: quién tiene realmente el poder para redefinir las reglas de una democracia.
La controversia alcanzó uno de sus puntos más altos cuando distintos sectores ciudadanos impulsaron la posibilidad de someter algunas de estas reformas a consulta popular. Sin embargo, el propio Congreso aprobó modificaciones que limitaron la capacidad de la ciudadanía para promover referéndums sobre cambios constitucionales. Para los críticos de estas decisiones, el mensaje fue claro: mientras el Parlamento ampliaba su capacidad para modificar la Constitución, reducía simultáneamente las herramientas que permitían a los ciudadanos intervenir directamente en esas decisiones. Lo que nació como una Constitución ratificada por el voto popular comenzó a transformarse sin que el pueblo volviera a ser convocado.
Por eso, cuando se analiza el legado político del Congreso liderado por Fuerza Popular y sus aliados, la reforma constitucional ocupa un lugar central. No se trata únicamente de artículos modificados o procedimientos parlamentarios. Se trata de quién decide las reglas bajo las cuales funciona el país. Para sus detractores, el Parlamento utilizó su mayoría para reescribir aspectos fundamentales de la Constitución mientras cerraba los caminos que permitían a la ciudadanía pronunciarse sobre esos cambios. Las reformas fueron aprobadas, las votaciones quedaron registradas y sus efectos ya forman parte de la vida política nacional. La pregunta que permanece abierta es si una democracia se fortalece cuando sus representantes modifican las reglas sin consultar nuevamente a quienes, en teoría, son los verdaderos dueños de la soberanía: los ciudadanos.
Marcos GY
