Mientras el país enfrentaba el crecimiento del sicariato, la extorsión, el narcotráfico y el crimen organizado, el Congreso de la República aprobó una serie de reformas legales que generaron una fuerte oposición por parte de fiscales, jueces, procuradores y especialistas en seguridad. Durante los últimos años, diversas instituciones advirtieron que estas modificaciones no fortalecían la lucha contra la delincuencia, sino que dificultaban las investigaciones y favorecían la impunidad. La mayoría parlamentaria liderada por Fuerza Popular y sus aliados defendió estas iniciativas argumentando que buscaban corregir excesos del sistema de justicia, pero sus críticos comenzaron a denominarlas “leyes pro crimen” debido a sus posibles efectos sobre la persecución penal.
Uno de los cambios más cuestionados fue la modificación de las reglas relacionadas con el crimen organizado. Durante 2024 y 2025, el Congreso aprobó reformas que limitaron herramientas utilizadas por fiscales y policías para investigar redes criminales complejas. Especialistas advirtieron que las nuevas disposiciones dificultaban el uso de mecanismos fundamentales para combatir organizaciones dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la corrupción y la extorsión. Las observaciones provinieron no solo del Ministerio Público y del Poder Judicial, sino también de organismos internacionales que alertaron sobre el riesgo de debilitar investigaciones de gran complejidad.
Las críticas aumentaron con otras reformas relacionadas con la colaboración eficaz, una herramienta que permitió descubrir importantes casos de corrupción y crimen organizado durante las últimas décadas. Fiscales especializados señalaron que las nuevas restricciones podían reducir los incentivos para que integrantes de organizaciones criminales colaboraran con la justicia. A ello se sumaron modificaciones procesales que, según diversos juristas, incrementaban las dificultades para obtener pruebas, desarrollar investigaciones complejas y sancionar a responsables de delitos graves. El debate dejó de ser exclusivamente jurídico para convertirse en una preocupación nacional en medio del aumento de la inseguridad ciudadana.
La contradicción se volvió especialmente evidente cuando las cifras de criminalidad comenzaron a mostrar una tendencia preocupante. Mientras las extorsiones, los asesinatos por encargo y las actividades de organizaciones criminales ocupaban diariamente los titulares de los medios de comunicación, el Congreso continuaba impulsando reformas cuestionadas por quienes se encontraban en la primera línea de la lucha contra el delito. Diversos fiscales y magistrados sostuvieron públicamente que varias de estas normas beneficiaban más a los investigados que a las víctimas, debilitando la capacidad del Estado para enfrentar estructuras criminales cada vez más violentas y sofisticadas.
Por ello, cuando se analiza el legado legislativo de los últimos años en materia de seguridad, una parte importante del debate se concentra en estas reformas. Las votaciones quedaron registradas y las advertencias fueron realizadas antes de su aprobación. Pese a los cuestionamientos formulados por el Ministerio Público, el Poder Judicial, especialistas en seguridad y diversos sectores de la sociedad civil, Fuerza Popular, su lideresa Keiko Fujimori y los partidos que conforman su bloque parlamentario han mantenido su respaldo a estas medidas y no han impulsado su derogación. Para sus críticos, las llamadas “leyes pro crimen” representan uno de los mayores errores legislativos de los últimos tiempos, porque fueron aprobadas precisamente cuando el país más necesitaba fortalecer a la Policía, la Fiscalía y el sistema de justicia. Mientras millones de peruanos exigían mayor seguridad en las calles, el Parlamento aprobaba normas que, según numerosos especialistas, terminaron debilitando las herramientas del Estado para combatir a las organizaciones criminales.
Marcos GY
